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El nuevo servicio, que centraliza los arrestos de 14 municipios, ha provocado una fuga de agentes por la carga de trabajo

La comisaría de la Ertzaintza en Bilbao se convirtió en octubre de 2019 en un centro de detención. Sus calabozos, que antes sólo recibían a los arrestados en la capital vizcaína, comenzaron a acoger también a los detenidos en otros trece municipios del entorno. No sólo los que practican las cuatro ertzainetxeas más importantes de Bizkaia y la Unidad Territorial de Tráfico, sino también las policías locales de Erandio, Derio, Leioa, Galdakao, Arrigorriaga, Miraballes, Basauri, Etxebarri, Llodio, Arrankudiaga, Arakaldo, Orduña y Orozko.

Los agentes de la comisaría de Bilbao tuvieron que asumir la custodia de los detenidos, así como el aseo y alimentación, los registros corporales obligatorios antes de entrar en una celda y los traslados a centros médicos. También algunas diligencias, especialmente en las detenciones in fraganti, como las reseñas o comparecencias de agentes. Y todo, por el mismo sueldo.

 

Una jueza condena al Gobierno vasco porque el centro de detención de Bilbao carece de evaluación de riesgos

Ante una demanda del sindicato Esan, la titular del juzgado de lo Social número 7 de Bilbao ha estimado ahora que se produjo «una modificación organizativa de entidad» sin que se realizara una evaluación de riesgos laborales, incluidos los psicosociales, del nuevo servicio. En una sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, la magistrada condena al Departamento de Seguridad del Gobierno vasco a elaborar un plan de riesgos laborales en el centro de detención, ya que el último data de 2019, antes de que entrara en funcionamiento el servicio. También le exige que implante las medidas de prevención necesarias después de esa evaluación.

 

Déficit de 150 agentes

Esan confía en que se «dote de más personal debido al aumento de la carga de trabajo». Según los datos que maneja el sindicato, en la comisaría de Ibarrekolanda deberían trabajar 703 ertzainas, pero en realidad «no llegan ni a 600, por lo que hay un déficit de unos 150 agentes».

El Departamento de Seguridad alega que se incrementó en ocho el número de patrulleros de Seguridad Ciudadana y en otros ocho los agentes de investigación. Esan asegura que estos últimos refuerzos «no llegaron nunca» y que «los cinco oficiales que pusieron, en realidad eran agentes que ya trabajaban en Bilbao que fueron habilitados a un mayor rango».

 

Un 65% de la plantilla solicitó marcharse en el último despliegue de 2020, según el sindicato Esan

Según la central, el aumento de la carga de trabajo que provocó la centralización de las detenciones en Bilbao provocó una auténtica «espantada de agentes de dilatada experiencia y gran capacidad en materia de investigación» y critica la «falta de reflexión interna» ante esta fuga. «Un 65% de la plantilla solicitó marcharse a otros centros policiales en el despliegue del 5 de febrero de 2020 y los que no se fueron fue porque no pudieron por escasa antigüedad o por no tener euskera. Hoy en día sigue yéndose gente en comisión de servicios. Hay menos personal todavía del que había», explica un portavoz sindical.

Para Esan, el problema es extensible a todo el área de Investigación, que sigue manteniendo el diseño, a su juicio «fallido», elaborado por el anterior director, Gervasio Gabirondo. Los nuevos planes adelantados en la última mesa de negociación suponen sólo «parches», como la «recepción de denuncias de poco calado por patrulleros» o la instalación de «nuevos medios telemáticos en los coches patrullas», las tablets que ya anunció el máximo responsable, Rodrigo Gartzia, en una entrevista en este periódico.

 


Ainhoa de las Heras

Redactora Ciudadanos

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