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La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que condena a una empresa de Bilbao a indemnizar con 10.000 euros a una trabajadora por el uso de un calificativo despectivo en los conceptos asociados a las transferencias de su nómina, abre un espacio relevante para reflexionar sobre la protección del honor y la dignidad en el entorno laboral.

Los hechos analizados por el tribunal se produjeron en 2023, cuando la empleada recibió dos transferencias salariales en las que figuraba el término «zumbada» en el campo destinado al beneficiario. El TSJPV considera que el uso de expresiones de carácter despectivo en documentos vinculados a la relación laboral constituye una vulneración del derecho fundamental al honor, más aún cuando estos documentos pueden ser visualizados por terceros, como el personal de entidades financieras.

La protección del honor como parte de la relación laboral

La sentencia destaca que la dignidad, el respeto y la honorabilidad forman parte de los principios fundamentales que deben regir cualquier relación de trabajo. La información incluida en nóminas, transferencias o documentos corporativos no solo tiene un contenido económico, sino también una dimensión reputacional que puede afectar directamente a la persona trabajadora.

Asimismo, el tribunal recuerda que las conductas que atenten contra la dignidad del trabajador pueden constituir infracciones muy graves conforme a la normativa vigente, como la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), que establece sanciones económicas significativas para estos supuestos.

Relevancia organizativa del caso

Más allá del ámbito judicial, la resolución pone el foco en varios elementos de interés para las organizaciones:

  • Uso adecuado y respetuoso del lenguaje corporativo: incluso en aspectos administrativos o rutinarios, el lenguaje empleado debe evitar cualquier expresión que pueda resultar ofensiva o peyorativa. 
  • Importancia de los canales internos de gestión y supervisión: los sistemas de validación y control deben prevenir la inclusión de comentarios improcedentes o informaciones inapropiadas en documentos oficiales. 
  • Necesidad de sensibilización interna: la formación en prevención de riesgos psicosociales y en buenas prácticas comunicativas es clave para evitar situaciones que puedan derivar en vulneraciones de derechos fundamentales. 
  • Revisión de procedimientos en situaciones especialmente delicadas: en casos donde existan conflictos personales o condiciones de vulnerabilidad, las organizaciones deben extremar la cautela para garantizar entornos seguros y libres de descalificaciones. 

Un aprendizaje aplicable a cualquier empresa

Este pronunciamiento judicial constituye un recordatorio sobre la importancia de mantener estándares de respeto, profesionalidad y protección de derechos en todos los procesos internos, incluidos aquellos de carácter administrativo.

La gestión adecuada del lenguaje, la documentación y las interacciones laborales refuerza la confianza, reduce riesgos legales y contribuye a entornos de trabajo basados en la dignidad y el buen trato.

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