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El pasado jueves concluyó el juicio contra France Télécom —ahora Orange— y siete de sus ex ejecutivos por “acosar moralmente” a sus empleados, acoso que habría desencadenado una ola de suicidios entre los trabajadores de la empresa entre 2007 y 2010.

Tras la privatización de la empresa, se inició en 2004 un proceso de reestructuración de la compañía con el objetivo de suprimir 22.000 trabajadores de los más de 120.000 que conformaban la plantilla. Según el relato de antiguos trabajadores, la telefónica empezó una campaña de intimidación que incluía recolocaciones continuas, metas irrealizables, y en general, un ambiente de inseguridad que desestabilizaba al personal para forzar su salida. 1.600 empleados lo hicieron, pero muchos otros entraron en depresión o dieron el paso más permanente: quitarse la vida.

La acusación se centra en el delito de “acoso moral” para el caso de tres de los exdirectivos, lo que podría acarrear un año de cárcel y una multa de 15.000 euros, mientras que para los otros cuatro, acusados de “complicidad en el acoso psicológico”, la fiscalía pide ocho meses de prisión y una multa de 10.000 euros. La empresa telefónica se enfrenta a una multa de 75.000 euros.

La peculiaridad de este caso es que se juzga un sistema y no los actos perpetrados por una persona contra otra, como es habitual en los casos de acoso moral. “Si se reconoce penalmente el acoso institucionalizado, las grandes empresas, en el marco de sus planes de reestructuración y reorganización, deberán integrar este parámetro. Si hay una exoneración, quizá los planes de reestructuración podrán seguir sin integrar la salud mental de los asalariados en su puesta en marcha”, afirmó el pasado mayo al periódico El País Loïc Lerouge, especialista en el derecho de la salud en el trabajo. “En Francia no se reconoce un sistema organizado de acoso, sino que estamos en el terreno de las relaciones individuales, interpersonales. (…) Si los jueces reconocen este tipo de acoso, lo cambiará todo», añadió.


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Queda visto para sentencia el juicio por los 19 suicidios de trabajadores de France Télécom (publicado en El País)

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