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La sobrecarga de trabajo no es únicamente un problema de organización interna o de rendimiento. Cuando las exigencias laborales superan de forma continuada los recursos y la capacidad de respuesta de una persona trabajadora, pueden convertirse en un riesgo para su salud y generar responsabilidades para la organización.

Así lo pone de manifiesto una resolución de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Vitoria, que ha condenado al Departamento de Justicia del Gobierno Vasco a indemnizar con 68.000 euros a una funcionaria por los daños personales y morales derivados de una situación de sobrecarga laboral. El órgano judicial aprecia un incumplimiento de las obligaciones de la Administración en materia de prevención de riesgos laborales.

El caso ha sido llevado por el despacho Marcos Abogados, que ha intervenido en el procedimiento en defensa de los intereses de la trabajadora. 

La resolución aborda un caso en el que la acumulación de funciones, la falta de medidas organizativas y el incremento de la carga de trabajo se prolongaron en el tiempo, pese a que la situación ya había generado advertencias sobre el funcionamiento de la oficina judicial. La trabajadora terminó desarrollando un cuadro ansioso-depresivo que la mantuvo de baja durante un año.

Una carga de trabajo que fue más allá de las funciones habituales

La funcionaria, que había accedido a la Administración de Justicia como funcionaria de carrera en abril de 2017, desempeñaba funciones de tramitación procesal en una unidad judicial. Su actividad comprendía procedimientos de los ámbitos civil y penal, entre ellos asuntos de familia, incapacidades y violencia de género.

A estas responsabilidades se añadieron otras tareas de formación, supervisión y apoyo a tres funcionarios interinos que se incorporaron sin experiencia previa. La trabajadora asumió así una carga adicional que se sumaba a la gestión ordinaria de sus propios expedientes.

La situación no se limitaba a una percepción individual de exceso de trabajo. El funcionamiento de la oficina judicial también estaba experimentando dificultades que habían sido comunicadas a los responsables de la Administración. Tanto la jueza como la letrada de la Administración de Justicia remitieron informes al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y al Departamento de Justicia para trasladar las incidencias detectadas y solicitar medidas organizativas y de refuerzo.

Entre los problemas señalados figuraban los retrasos en la tramitación de asuntos especialmente sensibles, algunos relacionados con personas privadas de libertad, órdenes de protección y procedimientos de violencia de género.

La Inspección de Trabajo constató un incremento del 118 % en los asuntos pendientes

Uno de los elementos relevantes del caso es que la situación fue objeto de una inspección. Durante su intervención, una inspectora de trabajo constató que el volumen de asuntos pendientes había experimentado un incremento de hasta el 118 %, con retrasos de entre tres y cuatro meses.

La funcionaria había manifestado su preocupación por la acumulación de expedientes y por las horas adicionales que estaba realizando. También había advertido de que la situación estaba afectando a su vida personal, su descanso y su estado físico y psicológico. Según la información publicada sobre el procedimiento, llegó a describirse como «agotada física y mentalmente».

La evolución de este escenario tuvo consecuencias sobre su salud. La trabajadora comenzó a recibir tratamiento médico por trastornos del sueño y ansiedad, asociados a elevados niveles de estrés, sobrecarga de trabajo y presiones jerárquicas. Finalmente, permaneció en situación de incapacidad temporal durante un año, entre mayo de 2021 y mayo de 2022, debido a un cuadro ansioso-depresivo.

Estos hechos sitúan el foco en una cuestión fundamental para la prevención de riesgos laborales: la carga de trabajo debe analizarse atendiendo no solo al número de tareas asignadas, sino también a su complejidad, los recursos disponibles, los plazos de ejecución, las responsabilidades añadidas y la capacidad real de las personas para asumirlas.

La falta de medidas organizativas y la responsabilidad preventiva de la Administración

La Administración demandada defendió que la situación no podía atribuirse a una falta de medios y sostuvo que la propia trabajadora había contribuido a su malestar al no seguir las indicaciones facultativas. Sin embargo, la resolución concluye que el Departamento de Justicia incumplió sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y debe responder por los daños y perjuicios ocasionados.

La condena fija una indemnización de 68.000 euros, una cantidad inferior a la inicialmente reclamada por la trabajadora. El importe se distribuye en dos conceptos:

  • 18.800 euros por daños personales, derivados de las consecuencias sobre su salud y de la baja médica.
  • 49.200 euros por daños morales, en atención al perjuicio sufrido.

La relevancia de esta resolución va más allá de la cuantía económica. Pone de relieve que los problemas organizativos que afectan de manera sostenida a las condiciones de trabajo no pueden quedar al margen de las obligaciones preventivas de una Administración empleadora.

La prevención de riesgos laborales exige identificar las situaciones que pueden comprometer la seguridad y la salud, evaluar su alcance y adoptar medidas para evitar o reducir sus efectos. En este ámbito, los riesgos psicosociales requieren prestar atención a factores como la carga y el ritmo de trabajo, la distribución de responsabilidades, la autonomía, los recursos disponibles y el apoyo organizativo.

Cuando se detecta una situación de sobrecarga, no basta con constatar que existe un problema o con trasladar a la persona trabajadora la responsabilidad de adaptarse a él. Es necesario analizar sus causas y actuar sobre las condiciones que lo generan. La reorganización de tareas, el refuerzo de personal, la revisión de los procedimientos y la adecuación de las exigencias a los recursos disponibles pueden resultar determinantes para prevenir daños.

La prevención de los riesgos psicosociales también exige intervenir sobre la organización del trabajo

Este caso recuerda que la salud laboral no depende exclusivamente de las condiciones físicas del puesto ni de la exposición a agentes materiales. La forma en que se organiza el trabajo, el volumen de tareas, la presión de los plazos y la disponibilidad de apoyo también pueden constituir factores de riesgo.

Además, las consecuencias de una organización inadecuada no afectan únicamente a la persona trabajadora. En este supuesto, las dificultades de funcionamiento de la oficina judicial y los retrasos en procedimientos sensibles muestran cómo una situación de sobrecarga puede repercutir también en la prestación del servicio público.

La identificación temprana de estos factores y la adopción de medidas organizativas adecuadas forman parte de una prevención eficaz. No se trata solo de intervenir cuando el daño ya se ha producido, sino de actuar ante las señales que permiten anticiparlo.

La sobrecarga de trabajo no debe normalizarse como una consecuencia inevitable de la actividad profesional. Cuando compromete la salud, exige una respuesta preventiva y organizativa.

Consulta aquí la sentencia

LARPSICO advierte de un problema que va más allá de un caso concreto

El análisis publicado por LARPSICO amplía la perspectiva de esta resolución y la relaciona con otros pronunciamientos judiciales sobre las consecuencias del exceso de trabajo en la Administración de Justicia.

Entre ellos menciona la condena al Consejo General del Poder Judicial al pago de una indemnización cercana a los 200.000 euros a un magistrado que tuvo que anticipar su salida de la profesión por patologías relacionadas con el estrés crónico y la sobrecarga laboral, así como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Sevilla 1568/2023, de 30 de mayo.

La conexión entre estos casos permite identificar un problema que no puede abordarse únicamente desde la perspectiva individual: la acumulación de tareas, la falta de recursos, las deficiencias organizativas y la presión sostenida pueden configurar entornos de trabajo perjudiciales para la salud.

LARPSICO insiste en que las cargas de trabajo deben ocupar un lugar prioritario en la gestión preventiva de los riesgos psicosociales.

La sobrecarga no solo afecta a quien la soporta directamente. También puede repercutir en el funcionamiento de los equipos, la calidad del servicio y la propia organización.

¿Qué deben hacer las organizaciones para prevenir la sobrecarga de trabajo?

La principal enseñanza preventiva de esta resolución es que las organizaciones deben actuar sobre las causas que generan la sobrecarga, en lugar de limitarse a gestionar sus consecuencias.

Para ello, resulta necesario incorporar la carga de trabajo a la evaluación de los riesgos psicosociales y analizar, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Volumen y complejidad de las tareas

No basta con contabilizar el número de actividades asignadas. También deben valorarse su dificultad, la responsabilidad que implican, los plazos disponibles y el tiempo real necesario para realizarlas.

2. Distribución de funciones y responsabilidades

Es necesario comprobar si existe un reparto equilibrado del trabajo y si determinadas personas están asumiendo de manera continuada funciones adicionales o tareas que corresponden a otros puestos.

3. Recursos humanos y materiales disponibles

Las exigencias laborales deben ser compatibles con los recursos existentes. Cuando se produce una diferencia persistente entre las demandas y la capacidad de respuesta, la organización debe analizar sus causas y adoptar medidas.

4. Ritmo de trabajo y presión temporal

Los plazos excesivos, las interrupciones constantes, la acumulación de tareas urgentes y la imposibilidad de completar el trabajo dentro de la jornada pueden generar situaciones de estrés sostenido.

5. Señales de alerta y seguimiento

Las quejas reiteradas, el aumento de errores, los retrasos, los conflictos, el absentismo y los problemas de salud deben analizarse como posibles indicadores de un riesgo psicosocial.

6. Implantación y revisión de medidas correctoras

La evaluación no puede quedarse en un documento. Es necesario adoptar medidas concretas, comprobar si funcionan y revisarlas cuando no consiguen reducir el riesgo.

Entre las posibles actuaciones se encuentran la redistribución de tareas, el refuerzo de personal, la revisión de procedimientos, la delimitación de responsabilidades y la adaptación de las exigencias laborales a los recursos disponibles.

La prevención de los riesgos psicosociales también es una obligación para las Administraciones Públicas

Esta resolución recuerda que las obligaciones de prevención de riesgos laborales no son exclusivas de las empresas privadas.

Las Administraciones Públicas también deben garantizar condiciones de trabajo que protejan la seguridad y la salud de sus empleados. La naturaleza pública del servicio prestado o las dificultades estructurales de una organización no justifican que se mantengan situaciones de riesgo sin una respuesta preventiva adecuada.

Además, el impacto de una organización deficiente puede extenderse más allá de las personas que trabajan en ella, afectando a la calidad y eficacia de los servicios públicos.

En el caso analizado, LARPSICO destaca precisamente cómo la saturación de la Administración de Justicia repercute tanto en la ciudadanía como en el personal encargado de prestar el servicio.

La sobrecarga laboral no debe normalizarse

La sentencia del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz y el análisis de LARPSICO transmiten un mensaje que resulta aplicable a cualquier organización: la sobrecarga de trabajo sostenida no puede considerarse una consecuencia inevitable de la actividad profesional.

Cuando las exigencias laborales superan de forma continuada los recursos disponibles, existen advertencias sobre sus efectos y no se adoptan medidas eficaces, la organización puede estar manteniendo un riesgo psicosocial que compromete la salud de las personas trabajadoras.

La prevención exige identificar estos factores, evaluar su alcance y actuar sobre las condiciones que los generan. No se trata únicamente de evitar indemnizaciones o responsabilidades legales, sino de garantizar entornos de trabajo saludables y sostenibles.

En este contexto, cobra especial relevancia la campaña europea 2026-2028 «Compromiso por la salud mental en el trabajo. Avancemos en la prevención de los riesgos psicosociales», que sitúa la salud mental y la gestión de los factores psicosociales entre las prioridades de la prevención laboral.

El reto para empresas y Administraciones Públicas es convertir ese compromiso en medidas concretas: evaluar, intervenir y comprobar que las condiciones de trabajo no están poniendo en riesgo la salud de quienes las desarrollan.

Ver comentario completo de LARPSICO en este enlace.

 

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