Que la violencia laboral por razón de género sigue siendo una asignatura pendiente en España no es noticia… o al menos no debería serlo. Sin embargo, la reciente sentencia del Tribunal Supremo contra un mando de los Mossos d’Esquadra, por acosar a una agente que había reducido su jornada por maternidad, vuelve a poner el dedo en la llaga de un sistema penal que, cuando de perspectiva de género se trata, parece perderse en la burocracia y en la mínima aplicación de la ley.
Según la STS 2ª, 823/2025, de 8 de octubre, el subinspector acosó sistemáticamente a la agente, degradando sus funciones, aislándola del trabajo de su unidad y lanzando comentarios humillantes y sexistas: desde “tú lo que tienes que hacer es operarte las tetas” hasta referencias ofensivas sobre su menstruación o su apariencia. La conducta, en palabras de la sentencia, degrada a la mujer doblemente: como profesional y como mujer, vulnerando derechos fundamentales como la integridad personal (art. 15 CE) y la no discriminación (art. 14 CE).
Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos y al claro componente de discriminación por razón de género, la condena penal resultó mínima: 6 meses de prisión y la inhabilitación durante el tiempo de la pena, acompañada de una indemnización civil de casi 150.000 euros. Una cifra que, aunque importante, no compensa el daño psicológico, laboral y personal sufrido por la víctima durante más de 10 años de proceso judicial.
Lo que llama la atención es que la agravante de discriminación de género, claramente reconocida en el relato de hechos, no se tradujo en un aumento de la pena. Esto representa un nuevo patinazo del sistema penal con perspectiva de género. La justicia reconoce el daño, pero lo penaliza al mínimo. La sensación es que seguimos en un escenario donde, legalmente, las mujeres siguen pagando el precio más alto por denunciar acoso laboral: un proceso largo, desgastante y emocionalmente devastador.
Durante este año, hemos señalado múltiples ejemplos de cómo la gestión institucional del acoso laboral y de género sigue siendo deficiente: desde la policía hasta el sector sanitario o la educación.
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